Aprobada la nueva ley de Seguridad Privada

La nueva Ley de Seguridad Privada integra ordenadamente la seguridad privada y la pública, aumenta la formación de los profesionales y exige más garantías a las empresas, contemplando mecanismos para luchar contra la competencia desleal y el intrusismo.

La nueva ley subordina la seguridad privada sobre la pública, tal y como indica el ordenamiento jurídico y la Constitución, con lo que no caben las críticas por una posible privatización del sector.

La normativa pone en marcha también mecanismos para erradicar el intrusismo y el fraude, poniendo las bases para la necesaria cooperación entre las distintas administraciones, lo que permitirá, si se actúa con la necesaria diligencia, impulsar aún más le economía y el empleo en el sector.

Introduce, asismismo, más flexibilidad en cuanto a los cometidos, mayor seguridad jurídica y, entre otras mejoras, nuevos sistemas complementarios de acceso a la profesión, pero no contempla una adaptación a las nuevas necesidades de seguridad que los ciudadanos tendrán en un inmediato futuro, homologando la situación de los vigilantes a los del resto de los países de la Unión Europea.