FREMM considera que la aplicación del Real Decreto Ley 16/2013 tendría un impacto muy negativo en las pequeñas y medianas empresas, tanto en la situación de tesorería de las mismas, como en términos de competitividad. Y sería muy negativo, en este sentido, para el cumplimiento de las actuales expectativas de recuperación de la actividad empresarial y de generación de empleo.
Además de exigir al Gobierno la retirada del Real Decreto Ley, FREMM, al igual que CROEM, CEOE y CEPYME, reclaman la constitución de una comisión con los agentes sociales para analizar detalladamente el impacto económico y social del mismo, así como las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son.
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